ORFIS: rebasado por la corrupción

Ayer, con la presencia de la gobernadora Rocío Nahle; de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez, presidenta del TSJE, y del diputado Esteban Bautista, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, se conmemoró el 25 aniversario del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) que actualmente encabeza la auditora general Delia González Cobos.

Creado en la administración del exgobernador Miguel Alemán Velasco, el máximo órgano fiscalizador de Veracruz estuvo a punto de ser desaparecido en 2005, al inicio del sexenio de su sucesor Fidel Herrera, el cual tenía fuertes diferencias políticas con el auditor general fundador René Mariani Ochoa, quien siempre trató de hacer valer la autonomía del ente fiscalizador.

El argumento de Herrera Beltrán era que el ORFIS resultaba ser un aparato muy costoso para el Estado ya que era poco lo que lograba recuperar de los desvíos de recursos detectados en dependencias estatales y ayuntamientos. El priista cuenqueño pretendía rescatar el Departamento de Contaduría y Glosa del Congreso local que anteriormente se encargaba de auditar las cuentas públicas municipales y del gobierno del estado. Sin embargo, finalmente se contuvo.

Hace cuatro años, en marzo de 2021, trascendió que, de manera unilateral, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, pretendía dar por terminada la coordinación con las auditorías superiores locales para revisar los recursos federales ejercidos por los estados, lo que implicaría que los órganos superiores de fiscalización estatales no podrían auditar el gasto cuando los recursos provengan de la Hacienda federal.

La propuesta del auditor Colmenares Páramo busca convertir a la ASF en el único ente de fiscalización superior del país que auditara los recursos transferidos a las entidades, que ese año sumaban 1.9 billones de pesos, lo que para algunos auditores estatales limitaría la capacidad de revisión, pues se desaprovecharía recursos humanos y materiales que poseen las 32 auditorías locales. Otros cuestionaron la legalidad de la medida, pues quien notificó la pretendida terminación del convenio era el director general Jurídico de la ASF, Heladio Ramírez, y no el propio Auditor Superior, además de que, en algunos casos, las leyes locales los facultan para fiscalizar los recursos independientemente si su origen es federal o local.

El oficio les había sido remitido en diciembre de 2020 y, en él, Ramírez solamente les comunicaba la terminación del convenio, invocando la facultad de la ASF para fiscalizar directamente los recursos, según "las atribuciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, relativas a su autonomía técnica y de gestión; a su facultad para fiscalizar directamente los recursos federales administrados o ejercidos por órdenes de gobiernos locales".

Esta semana, la revista Proceso publicó que en la reciente entrega de la Cuenta Pública 2023, la ASF reportó que en los Servicios de Salud de Veracruz se dio el mayor daño patrimonial en la administración del exgobernador Cuitláhuac García (2018-2024), en cuyo sexenio se desviaron más de dos mil millones de pesos mediante contratos por adjudicación directa, otorgados a empresas de reciente creación y proveedores vinculados a casos de corrupción.

La ASF ordenó a la Contraloría General iniciar 24 investigaciones contra funcionarios cuitlahuistas por irregularidades en contratos que suman casi mil 600 millones de pesos, sin justificación comprobable.