La infraestructura como termómetro del poder local

A menos de 25 días de las elecciones que definirá el futuro de las 212 alcaldías en Veracruz, los actores políticos comienzan a revelar sus verdaderas cartas.

En el sur del estado, particularmente en Coatzacoalcos, un sector cobra especial relevancia en el tablero electoral: el de los empresarios de la construcción.

La  reunión de ayer entre Pedro Miguel Rosaldo, candidato de Morena a la alcaldía de Coatzacoalcos, y representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), no fue solo un acto de cortesía.

Fue una señal clara de por dónde se moverán los engranajes del poder local en caso de que el morenismo mantenga el control municipal: infraestructura, obra pública y reordenamiento urbano como ejes discursivos, pero también como botines estratégicos.

En Veracruz, la construcción no solo es un motor económico —lo es también del control político. Cada peso destinado a calles, drenajes, luminarias y centros de salud implica una cadena de decisiones: licitaciones, asignaciones, favores y cuotas. La obra pública, más que cemento, construye alianzas.

Rosaldo ha propuesto un modelo de planeación de cuatro años, alineado con el Gobierno del Estado. En apariencia, es sensato: continuidad técnica y disciplina financiera. Pero también encierra riesgos: un modelo centralizado donde las decisiones sobre el desarrollo municipal podrían estar subordinadas a agendas estatales o partidistas, debilitando la autonomía local.

La eliminación de deudas con CFE y CONAGUA, y la idea de no heredar pasivos a futuras administraciones, suena a responsabilidad fiscal. No obstante, sin inversión sólida ni financiamiento público, muchas promesas se convertirán en meras simulaciones. El equilibrio entre austeridad y desarrollo será uno de los mayores retos de quien llegue al poder.

En el resto del estado, el panorama no es distinto. En ciudades como Minatitlán, Córdoba o Xalapa, los constructores también han comenzado a alzar la voz. Y no es para menos: el rezago en infraestructura es mayúsculo, mientras que la transparencia en el ejercicio del gasto sigue siendo una deuda histórica.

Este proceso electoral definirá mucho más que cargos públicos: será el momento en que se determine si la obra pública seguirá siendo el botín del grupo político en turno o si, por fin, será gestionada con visión de ciudad y con participación empresarial legítima.

El 1 de junio, Veracruz elegirá alcaldes. Pero también elegirá si la infraestructura se construye con base en el interés común... o se sigue pavimentando el camino de unos cuantos.

ETANO: PRESENTE Y FUTURO

En medio de un clima político efervescente por las elecciones municipales, este miércoles se inaugura una obra que podría marcar un punto de inflexión para el sur de Veracruz y para el país entero: la Terminal Química Puerto México, impulsada por Braskem Idesa.

Un proyecto de 450 millones de dólares que no solo significa infraestructura; es la reactivación tangible de la cadena de etano, una apuesta por la soberanía energética y por el regreso de la industria petroquímica como motor del desarrollo regional.

Con dos tanques criogénicos de 50 mil metros cúbicos y capacidad para movilizar 80 mil barriles diarios de etano, esta terminal no tiene precedentes en México.

Más allá del dato técnico, lo que se construye aquí es un nodo logístico de clase mundial que coloca nuevamente a Coatzacoalcos en el mapa estratégico del sector energético.

Durante décadas, el sur de Veracruz fue el corazón palpitante de la industria petroquímica. Pero el abandono de inversiones, el deterioro de infraestructura y las decisiones erráticas de política energética, lo convirtieron en un gigante dormido. Hoy, este megaproyecto privado —con vocación pública por su impacto territorial— vuelve a encender la chispa de una reindustrialización largamente esperada.

La terminal no sólo abastecerá a Braskem Idesa. En el mediano plazo, podría convertirse en proveedora clave para los complejos de Pemex en la región.

 Es decir, en una plataforma de estabilización y abastecimiento para una empresa estatal cuya viabilidad técnica y financiera ha estado en entredicho. ¿Será este el punto de encuentro entre inversión privada y reactivación pública? ¿O simplemente una válvula de escape que maquilla la ineficiencia estructural de Pemex?

Hay, sin duda, múltiples lecturas. Desde lo económico, el proyecto ya dejó 2 mil empleos en su fase de construcción, y se espera dinamice transporte, servicios e industria auxiliar.

 Desde lo político, su entrada en operación justo en temporada electoral pone en evidencia el rezago institucional frente a lo que la iniciativa privada ha logrado por sí sola: visión, inversión y resultados.

Pero también hay riesgos. Un proyecto de esta magnitud requiere una regulación firme, una política ambiental robusta y una visión de desarrollo ordenado. No basta con bombear etano si a su alrededor persisten los rezagos urbanos, la inseguridad o la falta de planeación metropolitana.

Coatzacoalcos se juega mucho más que una elección. Se juega su papel en la reconfiguración energética nacional. Y la Terminal Química Puerto México podría ser el inicio de una nueva era... si se administra con visión de largo plazo y se articula con un modelo de ciudad a la altura de su potencial.

Por lo pronto, mañana se espera la presencia de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García y la de muchos políticos y funcionarios estatales y federales.

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