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La Cuarta Transformación en Veracruz enfrenta, quizá sin admitirlo públicamente, una de sus contradicciones más graves: la corrupción interna. Y no hablamos ya de la oposición o de los gobiernos anteriores, sino de las prácticas que hoy se asoman desde los mismos pasillos del partido que prometió refundar la vida pública del país.
El caso de Modesta Clemente Vicente en Sayula de Alemán es solo la punta del iceberg de una crisis ética en el Movimiento de Regeneración Nacional en Veracruz.
La denuncia es clara y contundente: el dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, está siendo acusado públicamente de vender candidaturas, ignorar registros formales ante el OPLE y colocar en su lugar a familiares de figuras del poder local.
En este caso, a Mirna Adriana Rufino, tía de la actual alcaldesa Lorena Sánchez, como candidata en Sayula. Se está frente a un uso faccioso del partido, más propio del viejo régimen priista que del movimiento que se fundó para acabar con él.
Modesta Clemente no es una advenediza ni una figura marginal. Fue nombrada como Promotora de la Cuarta Transformación por la dirigencia nacional.
Es militante reconocida, con base social y, sobre todo, con trayectoria política desde abajo.
No es casual que, en protesta, haya decidido manifestarse frente al Palacio de Gobierno para exigir la intervención de la gobernadora Rocío Nahle. Y tampoco es casual que no haya obtenido una respuesta institucional clara. El silencio —cómplice o temeroso— empieza a volverse norma en este tipo de casos.
Pero este escándalo no es aislado.
En otros municipios de Veracruz han surgido denuncias similares: candidatos registrados que, de la noche a la mañana, se enteran de que sus nombres han sido reemplazados por "decisiones de la dirigencia".
Las redes sociales y grupos locales de Morena arden con mensajes de militantes defraudados, decepcionados y traicionados por un liderazgo que ha olvidado que el partido es de todos, no una agencia de colocaciones para allegados.
Lo grave no es solo el hecho de que supuestamente se estén vendiendo candidaturas.
Lo verdaderamente preocupante es la falta de mecanismos internos de transparencia y rendición de cuentas dentro de Morena en Veracruz.
La estructura partidaria parece operar con más opacidad que nunca. ¿Dónde está el Comité de Honestidad y Justicia? ¿Qué dice la dirigencia nacional? ¿Dónde está Luisa María Alcalde, que debería ya haber puesto los pies en Veracruz para escuchar a la militancia, no a los operadores?
La politización de los órganos electorales también añade otro nivel de alarma.
Modesta asegura haber entregado sus documentos en tiempo y forma al enlace del partido ante el OPLE, Gabriel Zúñiga. Pero el organismo no ha dado información ni certidumbre. El vacío institucional, la falta de transparencia y la burocracia opaca están dejando a muchos candidatos en el limbo legal.
Esto, sin duda, mina la credibilidad de Morena en Veracruz. En un estado donde la figura de Andrés Manuel López Obrador tiene un arraigo emocional profundo, estos escándalos se sienten como traición.
No faltará quien recuerde —con dolor— que mientras el presidente llamaba a la ética política, su dirigente estatal parece haber montado una estructura de poder al viejo estilo: con cuotas, cuates y compadrazgos.
El daño es doble: primero, a los aspirantes que fueron despojados por debajo de la mesa.
Segundo, y más importante, a los ciudadanos que confiaron en Morena como una herramienta para cambiar la forma de hacer política.
Porque si la dirigencia convierte los procesos internos en simulacros, la militancia tarde o temprano se alejará, y la ciudadanía votante también.
El escenario que se avecina no es menor. Si no se toman decisiones firmes, la elección municipal en Veracruz podría convertirse en una tormenta de impugnaciones, protestas y fracturas internas que debiliten al partido en uno de sus bastiones.
La solución no está en los discursos, sino en los actos. Y estos comienzan por reconocer que la lealtad al proyecto no puede exigir silencio ante los abusos.
Morena debe decidir si sigue siendo un movimiento social al servicio del pueblo o un partido político más, donde se trafican cargos como si fueran mercancía.
El tiempo corre. Y la historia no suele tener piedad con quienes traicionan sus propios principios.
Por cierto, ayer la crisis política en Sayula de Alemán daba más historia de que se ha convertido en un escándalo institucional que el Congreso de Veracruz no puede seguir ignorando.
Ayer, cuatro regidores, el síndico y sus suplentes reiteraban su renuncia y exigencia de que el Ayuntamiento ha quedado inoperante, sin el mínimo legal para sesionar.
Las acusaciones contra la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas, que van desde corrupción hasta desvío de recursos y abuso del poder, exigen una respuesta inmediata y contundente.
El uso de la Guardia Nacional como escolta personal, mientras la ciudadanía enfrenta una ola de violencia —incluyendo el asesinato de una mujer embarazada—, es una afrenta a la función pública.
El Congreso no puede seguir postergando una resolución; deja al municipio en un vacío legal y moral.
Pierden mucho en "proteger" a una edil que ha dado muestras de ser la parte medular del conflicto en el municipio.
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