Violencia política en Veracruz pone en jaque la democracia

El asesinato de Yesenia Lara Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Texistepec, y de cuatro personas más, no solo es un crimen atroz que enluta el proceso democrático, sino una señal alarmante de que Veracruz atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia política reciente.

A pesar de múltiples advertencias sobre la creciente inseguridad en varias regiones del estado, se ha fallado en garantizar un ambiente mínimo de seguridad para quienes aspiran a un cargo de elección popular.

La violencia política no es nueva en México, pero su normalización en zonas como el sur de Veracruz se ha convertido en una constante que amenaza con socavar los cimientos del sistema democrático.

La ejecución de una candidata en plena campaña electoral, a escasos metros de su hogar, evidencia no solo la vulnerabilidad de los actores políticos locales, sino también la expansión impune de grupos delictivos que operan con pleno conocimiento del terreno y, posiblemente, con complicidades institucionales.

¿QUIÉN DOMINA?

El caso de Lara Gutiérrez, además, no puede analizarse de forma aislada. Apenas en 2022, su esposo, Enrique Argüelles Montero, regidor de Texistepec, también fue asesinado.

Las autoridades no han ofrecido respuestas claras sobre ese crimen, lo que refuerza la percepción de impunidad.

La reiteración de actos violentos en el mismo núcleo familiar, con un evidente trasfondo político, confirma lo que muchos en la región ya sabían: el control territorial no está en manos del Estado, sino de intereses paralelos que imponen su ley mediante la fuerza.

La gravedad de la situación se incrementa al considerar que, según reportes, al menos 52 candidatos han solicitado medidas de protección durante este proceso electoral. Pero los mecanismos oficiales no solo han sido tardíos, sino ineficaces.

El testimonio del dirigente estatal del PRI, Adolfo Ramírez Arana, revela el miedo generalizado entre aspirantes de todos los partidos y, lo más preocupante: muchos prefieren callar antes que denunciar, pues saben que la Fiscalía no los protegerá, pero sus agresores sí los buscarán.

AQUÍ LAS PREGUNTAS

Este estado de cosas no solo inhibe la participación ciudadana y política, sino que debilita al propio régimen representativo. ¿Cómo se puede hablar de elecciones libres y auténticas cuando los candidatos deben hacer campaña entre amenazas, balas y funerales? ¿Cómo pedirle al electorado que confíe en un proceso cuyos actores están siendo exterminados uno a uno?

A esta ecuación se suma un factor geopolítico que no debe ser minimizado: el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Las tierras de Texistepec, especialmente aquellas que rodean la laguna "Agua de Minas", son clave para futuros proyectos de infraestructura y logística.

El interés federal en la remediación ambiental de la zona, presionado por organizaciones como Campesinos Unidos por Texistepec, revela que hay mucho en juego.

La pregunta incómoda es si los recientes asesinatos tienen también como trasfondo una disputa por el control de ese territorio y de los beneficios que se desprenderán de su posible reactivación económica.

Si el crimen organizado —con sus ramificaciones económicas, políticas y sociales— logra incidir de manera directa en el desenlace de los comicios, el mensaje será devastador: el poder no se gana en las urnas, sino a tiros. Dejar sin consecuencias hechos como el asesinato de Yesenia Lara es abrir la puerta a un escenario donde ningún candidato estará a salvo, y donde cada voto será una moneda lanzada al vacío.

El Estado mexicano, y en particular el gobierno de Veracruz, están obligados a responder con más que declaraciones. Se requiere una intervención decidida y coordinada, con inteligencia, presencia territorial efectiva y protección real a los candidatos.

De lo contrario, este proceso electoral se convertirá en una farsa teñida de sangre, y la ciudadanía sabrá que su futuro no lo decide la democracia, sino la violencia.

¿Estamos aún a tiempo de evitarlo? Esa es la pregunta que deberá responderse no con discursos, sino con hechos, antes de que el próximo candidato asesinado vuelva a recordarnos —demasiado tarde— que la democracia no sobrevive en un territorio sin ley.