Salvaguarda de la Voluntad Popular: ¿Quién Cuida los Votos de la Elección Judicial tras la Jornada Electoral del 01 de junio?

El próximo 01 de junio representa una fecha clave para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la vida democrática en nuestro país, pues se celebrará la jornada electoral con la elección judicial como uno de los puntos centrales. Una de las inquietudes recurrentes tanto en la ciudadanía como en los círculos jurídicos es: ¿quién custodia los votos una vez cerradas las urnas y hasta la declaración oficial de resultados? Este aspecto resulta fundamental para garantizar la transparencia, legalidad y confianza ciudadana en el sistema electoral y, por ende, en el ejercicio democrático.

El proceso de custodia electora tendrá que ser robusto y meticulosamente regulado, especialmente tratándose de comicios judiciales, donde la imparcialidad y la transparencia revisten particular relevancia. Una vez concluidas las votaciones, la cadena de custodia de los votos recae principalmente en el órgano electoral competente (INE).

 Los jueces o jurados electorales responsables de cada mesa inician el procedimiento de cierre, realizando el conteo preliminar y levantando las actas correspondientes. Estas actas son firmadas por los miembros de la mesa.

  Una vez asegurados los votos en paquetes o urnas selladas, personal autorizado —usualmente fuerzas policiales o militares designadas por el órgano electoral— asumen la responsabilidad de su traslado y resguardo, garantizando en todo momento la integridad física de los materiales y previniendo cualquier intento de manipulación.

La transparencia en la custodia de votos se habrá de ver reforzada por la vigilancia de observadores electorales nacionales e internacionales, organismos de derechos humanos, integrantes de la sociedad civil y medios de comunicación, quienes pueden presenciar, verificar y documentar cada etapa del proceso. Aunque en esta elección los resultados se darán a conocer hasta dentro de 15 días.

La custodia efectiva de los votos no solo garantiza la validez del resultado electoral, sino que protege el principio democrático de la voluntad popular. En el caso de la elección judicial, este proceso reviste especial trascendencia, ya que de su rectitud depende la legitimidad de quienes ejercerán funciones de jueces o magistrados, actores fundamentales en la administración de justicia y protección de derechos.

Es así como el resguardo de los votos, una vez culminada la jornada electoral del 01 de junio, recae sobre una compleja estructura administrativa y de seguridad, aparentemente diseñada para salvaguardar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Es deber de todos, autoridades, veedores y ciudadanía, permanecer vigilantes y comprometidos con la transparencia, pues solo así se fortalecerá la legitimidad del proceso electoral y, en última instancia, la democracia y el Estado de Derecho.