El gran reto del próximo 01 de junio será lograr la participación ciudadana en la elección judicial

El 1 de junio se presenta ante la ciudadanía un desafío fundamental para la salud democrática del país: la elección de los altos cargos del órgano judicial. En esta jornada la participación ciudadana no sólo es un derecho, sino una responsabilidad colectiva cuya magnitud y trascendencia muchas veces no se dimensiona plenamente. En contextos donde la desinformación, la apatía y la desconfianza institucional prevalecen, incentivar el involucramiento de la ciudadanía se convierte en el gran reto de nuestro tiempo.

El principio democrático no se agota en la celebración periódica de elecciones políticas. Su esencia radica en garantizar que todas las instituciones del Estado respondan a los intereses y expectativas de la sociedad. En este sentido, la elección judicial representa un punto de inflexión, pues la conformación del poder judicial influirá directamente en la independencia, transparencia y eficacia de la justicia, factores cruciales para el fortalecimiento del Estado de Derecho.

La participación en este tipo de procesos supone, entonces, más que seleccionar a los futuros integrantes del órgano judicial: significa depositar confianza en la justicia como baluarte de la democracia, la equidad y la protección de los derechos ciudadanos.

Sin embargo, la historia reciente y la realidad actual evidencian que la participación ciudadana en elecciones judiciales no ha alcanzado los niveles óptimos. La falta de información clara sobre los candidatos, el desconocimiento de los procedimientos y, sobre todo, la percepción de que estos procesos no inciden en la vida cotidiana de la población, alimentan la apatía y la abstención.

A ello se suma la desconfianza en la capacidad de estos mecanismos para renovar la justicia y revertir prácticas poco transparentes o poco justas. Muchas personas dudan de la influencia real de su voto y de la imparcialidad de los candidatos, relegando así su papel fundamental como agentes de cambio.

Ante este panorama, es imprescindible trazar estrategias sostenidas que promuevan una cultura democrática activa y participativa. Esto implica campañas masivas de información y sensibilización, impulsadas tanto por autoridades electorales como por organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, académicos y líderes sociales, para explicar la importancia vital de este proceso y detallar el perfil y antecedentes de los postulantes.

La accesibilidad a datos verificables y la transparencia en cada etapa de la elección judicial son claves para empoderar al ciudadano y reivindicar la legitimidad de los resultados. Además, es fundamental fomentar espacios de debate y análisis en los cuales la propia ciudadanía pueda expresar sus inquietudes y expectativas respecto del sistema judicial.

El llamado a la acción

El verdadero poder de una democracia reside en una ciudadanía informada, consciente y activa. El 1 de junio, la invitación es clara: ejercer el derecho al voto, participar, y ser protagonistas del rumbo que tomará la justicia en el país. La transformación profunda sólo será posible si cada persona asume el compromiso de informarse y contribuir, desde su espacio, a la construcción de instituciones más justas y eficientes.

En definitiva, lograr la participación ciudadana en la elección judicial no es sólo un reto logístico o coyuntural; es el fundamento mismo de la legitimidad y solidez de nuestro sistema democrático. El futuro de la justicia está, literalmente, en manos de todos nosotros.