Huele a preso político

Apenas había puesto un pie afuera del penal de Pacho Viejo, cuando elementos de la Policía Ministerial informaron a Tito Delfín Cano, ex diputado local y federal, y ex alcalde de Tierra Blanca, que pesaba sobre él otra orden de aprehensión.

Ahora no sólo enfrenta señalamientos por abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de un deber legal; también por presuntos delitos ambientales que habrían sido cometidos cuando fue alcalde, entre 2011 a 2013.

Casi diez años después de salir de la presidencia municipal, Delfín Cano debe enfrentar nuevas acusaciones.

La Fiscalía dio a conocer, a través de un comunicado escueto, que la denuncia por los supuestos “delitos ambientales en contra de la seguridad colectiva”, fue presentada en 2019, ya durante el actual gobierno estatal.

El exaspirante a la dirigencia estatal del PAN había obtenido un amparo que ordenaba la modificación de la medida cautelar, lo que implicaba continuar su proceso en libertad; cubrió una fianza de 30 mil pesos, dejó su pasaporte en prenda y se comprometió a acudir al juzgado cada semana para la firma. Salió de Pacho Viejo, pero de inmediato lo volvieron a encarcelar.

La misma juez que modificó la medida cautelar, obligada por el amparo que le fue otorgado a Delfín Cano, Mónica Segovia, giró la nueva orden de aprehensión.

En la víspera, tanto la familia de Tito Delfín como el equipo que lleva su defensa jurídica, y hasta el comité estatal del Partido Acción Nacional habían mostrado su beneplácito por lo que parecía una inminente liberación.

Mediante un comunicado difundido por la tarde del viernes 23 de septiembre, el PAN señalaba: “la liberación de nuestro compañero y amigo restituye nuestra confianza en la justicia federal y ratifica nuestra certeza sobre la imparcialidad y equilibrio de nuestras instituciones judiciales”.

“Tito Delfín Cano –agrega el boletín panista– dejará el penal de Pacho Viejo este día, tras permanecer 10 meses en él, de forma injusta”.

Unas horas después, al ex aspirante a la dirigencia estatal del partido le notificaron la nueva orden de aprehensión en su contra, que deriva de una nueva carpeta de investigación.

Pasó 10 meses encarcelado y ahora iniciará una nueva defensa jurídica al mismo tiempo en que se desarrolla el proceso pendiente; es decir, su equipo de abogados deberá enfocarse en echar abajo dos carpetas de investigación, con el riesgo de que una vez que consigan un nuevo amparo, el acusado enfrente más señalamientos; es una historia que podría repetirse una y otra vez, al menos hasta que concluya el actual gobierno estatal.

Es un caso que tiene un tufo a persecución; Tito Delfín huele a preso político.

La actual administración estatal debería evitar que se fortalezca aún más la imagen de un gobierno represor, que usa a los órganos de procuración e impartición de justicia con fines políticos; a esa percepción, por cierto, han abonado los casos de José Manuel del Río Virgen, Pasiano Rueda Canseco y Rogelio Franco Castán.

@luisromero85