Caso Moisés Sánchez: una década de impunidad

Una semana antes de ser asesinado, Moisés Sánchez se plantó frente al palacio municipal de Medellín con un altavoz para exigir que el entonces alcalde, Omar Cruz Reyes, cumpliera con brindar seguridad y alumbrado público a los residentes de El Tejar.

Moisés había consignado en su periódico La Unión, las quejas de vecinos por los robos constantes y cómo se habían organizado para recorrer por las noches las calles para ahuyentar a los ladrones.

Sin importar las precariedades, ejercía el oficio de periodista y participaba como activista en las manifestaciones de sus vecinos, tenía muchos años ejerciendo ambos roles por vocación más que como un medio para subsistir, para mantener a su familia conducía un taxi que le servía en muchas ocasiones para encontrarse con la noticia del día, para tomar fotos y videos de baches o la falta de alumbrado público, para escuchar y escribir las quejas de la gente.

Fue esa cercanía con la ciudadanía y cómo exhibía las deficiencias de un gobierno municipal corrupto, lo que le costó la vida.

Faltaban 5 minutos para que dieran las 7:00 de la tarde del 2 de enero del 2015, Moisés Sánchez Cerezo, de 59 años, descansaba en su casa en la localidad de El Tejar cuando hombres armados abrieron la puerta a patadas y lo sacaron de la cama, lo arrastraron a la calle y lo subieron a una de las cinco camionetas que rodearon su vivienda.

Todo frente a sus nietos y en medio de los gritos de súplica de su esposa. El periodista fue asesinado y su cuerpo abandonado 22 días después en un paraje a un costado de la carretera de Jamapa.

Las investigaciones ministeriales señalaron que las personas que lo privaron de la libertad eran policías municipales, que lo entregaron a un grupo del crimen organizado por instrucciones del entonces presidente municipal Omar Cruz Reyes.

Sin embargo, solo un elemento policiaco, de al menos cuatro que se afirma participaron en el hecho, se encuentra detenido y vinculado a proceso por el caso, sin una sentencia firme por el homicidio del periodista.

De Omar Cruz Reyes no se sabe nada. El panista tuvo oportunidad para mantenerse varios días en el cargo antes de ser desaforado por el Congreso del Estado y tener el tiempo suficiente para emprender la huida.

Una década después del crimen, es innegable que el gobierno de Veracruz tiene una deuda pendiente con la familia de Moisés Sánchez Cerezo, como la tiene con los familiares de al menos una veintena de periodistas asesinadas y asesinados en Veracruz en los últimos 15 años.

En el caso de Moisés Sánchez porque desde el momento del crimen en su contra, cuando fue privado de la libertad, se minimizó el caso. Javier Duarte, entonces gobernador y hoy sentenciado en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, afirmó que no era periodista, sino taxista.

Después, pasaron tres gobernadores más: Flavino Ríos, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez, de tres partidos políticos distintos; lo mismo que tres fiscales, Luis Ángel Bravo Contreras, Jorge Winckler y Verónica Hernández Giadáns, y las investigaciones no avanzan.

El arribo de Rocío Nahle García a la gubernatura de Veracruz sería una luz de esperanza para la familia, que no se cansa de luchar y de exigir justicia, pues se esperaría que el nuevo gobierno actúe distinto.

Jorge Sánchez, hijo de Moisés ya pidió frente a ella una reunión con la gobernadora, quien dijo tajante que será la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) la que fije la agenda para atender el tema con él y otros familiares de periodistas asesinados.

La primera respuesta de la gobernadora al caso fue pragmática, pero todavía con ausencia de empatía, justo cuando se cumplía una década del crimen.

El asesinato de los periodistas no ocurrió en su gobierno y no se le culpa de ninguna forma por ello, pero es quien tiene la oportunidad de reivindicar la memoria de cada uno de ellos, luchar porque se garantice justicia y la no repetición de esta que el máximo ataque a la libre expresión.

X: @VictorToriz