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Una campaña impulsada por la comunidad mexicana en Estados Unidos busca frenar la propuesta de imponer un nuevo impuesto del 3.5% sobre las remesas que millones de trabajadores envían cada año a sus familias en México.
La iniciativa surge en respuesta a la Sección 112105 del proyecto legislativo "One Big Beautiful Bill", actualmente en discusión en el Senado estadounidense.
El apartado en cuestión del proyecto de ley propone aplicar un gravamen a las remesas internacionales. La comunidad mexicana —una de las principales remitentes de este tipo de recursos en el mundo— ve con alarma esta medida, que consideran inequitativa y perjudicial para las familias de bajos ingresos que dependen de estos envíos para subsistir.
Mediante una petición en la plataforma Change.org titulada "No al impuesto a las remesas: defendamos la solidaridad familiar", se están reuniendo firmas para detener la iniciativa, argumentando que representa una "doble imposición ilegal" y una amenaza directa a la estabilidad de millones de hogares tanto en EE. UU. como en México.
En la carta enviada al Senado, los firmantes explican que las remesas no son lujos ni excedentes, sino dinero que se destina a cubrir necesidades básicas como alimentos, medicinas y vivienda. Subrayan que muchos de quienes las envían lo hacen desde empleos esenciales en sectores como la agricultura, la construcción o el cuidado de personas.
"Trabajamos arduamente y ya contribuimos con más de 120 mil millones de dólares en impuestos al año. Gravar nuestras remesas es obligarnos a pagar dos veces".
Los impulsores de la campaña también destacan que este impuesto podría tener efectos contraproducentes. Al dificultar el envío de apoyo económico a sus comunidades de origen, muchas familias podrían verse empujadas a una situación más precaria, lo cual —sostienen— podría incentivar una nueva ola migratoria irregular.
Además, recalcan que una gran parte de las remesas llega a hogares encabezados por mujeres, quienes quedarían en una situación aún más vulnerable si esta medida avanza.
El argumento central de los migrantes es que esta legislación no solo es injusta, sino que también violaría el tratado bilateral fiscal vigente entre México y Estados Unidos, cuyo objetivo es evitar precisamente la doble tributación.
Hasta ahora, no ha habido una respuesta oficial de los senadores mencionados.