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La aduana de Tuxpan, Veracruz, ha sido señalada por presuntas irregularidades en el manejo de información sobre la importación y exportación de hidrocarburos, huachicol fiscal.
Una auditoría realizada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, identificada como AU-47/2025, detectó que entre 2023 y 2024, funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) adscritos a esta aduana omitieron introducir datos clave en el Aviso Electrónico del Mecanismo de Selección Automatizada de aduanas.
Esta omisión contraviene la Ley Aduanera, que exige la transmisión precisa de información relacionada con el valor, comercialización y transporte de mercancías.
El término "huachicol fiscal" se refiere a prácticas ilícitas que permiten la evasión de impuestos mediante la manipulación o falsificación de datos en operaciones de comercio exterior, especialmente en el sector energético.
En este caso, las omisiones en la aduana de Tuxpan podrían haber facilitado el ingreso y salida de hidrocarburos sin el debido registro, afectando las finanzas públicas y la seguridad energética del país.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ha declarado que se emprenderán acciones contundentes contra los funcionarios implicados.
Aunque la auditoría fue realizada por Pemex, la Unidad de Responsabilidades, dependiente de la Secretaría, será la encargada de iniciar una investigación formal para determinar posibles sanciones.
Tuxpan es un puerto estratégico para la importación y exportación de hidrocarburos en México. Las irregularidades detectadas no solo afectan la economía local, sino que también tienen repercusiones a nivel nacional, al comprometer la integridad de las operaciones de Pemex y la confianza en las instituciones encargadas de supervisar el comercio exterior.
La auditoría sugiere que Pemex refuerce sus controles internos y mantenga reuniones periódicas para prevenir actos similares. Además, se propone la creación de mecanismos de monitoreo efectivos y fomentar una cultura ética entre sus funcionarios.
Estos hallazgos se suman a una serie de escándalos que han afectado la reputación de Pemex en los últimos años. La percepción de corrupción y falta de transparencia puede tener consecuencias negativas en la confianza de inversionistas y en la percepción pública de la empresa estatal.
La Unidad de Responsabilidades iniciará una investigación formal para determinar las responsabilidades de los funcionarios implicados. Dependiendo de los hallazgos, podrían aplicarse sanciones administrativas o incluso penales. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ha enfatizado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en este proceso.