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En el Congreso de Veracruz se presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir que deudores alimentarios y personas con antecedentes de violencia de género accedan a cargos de elección popular.
La propuesta fue presentada por las diputadas de Morena, Dorheny García Cayetano, Tanya Carola Viveros Cházaro y Astrid Sánchez Moguel, y contempla modificar los artículos 23, 43 y 69 de la Constitución local.
El proyecto establece como requisito que quienes aspiren a la gubernatura, diputaciones o ayuntamientos no estén inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ni en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Además, plantea impedir el acceso a cargos públicos a personas con sentencia firme por delitos intencionales contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo psicosexual, violencia familiar, equiparada, doméstica o vicaria.
También quedarán inhabilitadas quienes hayan sido condenadas por violación a la intimidad sexual o por ejercer violencia política de género en cualquiera de sus formas.
"Mujeres han visto como sus agresores ocupan o se postulan para obtener cargos públicos, generando una desigualdad sistemática y discriminatoria donde una vez más, quien tiene el poder, hace mal uso del mismo, ya no lo podemos permitir", afirmó García Cayetano en tribuna.
La iniciativa fue turnada a comisiones y, de ser aprobada, entraría en vigor el 1 de enero de 2027.