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Una crisis hídrica silenciosa se abre paso entre las calles de Veracruz. Mientras las temperaturas alcanzan niveles récord y las fuentes naturales de agua se deterioran por la contaminación, una alternativa ha cobrado fuerza: las purificadoras de agua. Sin embargo, no todas operan bajo supervisión sanitaria ni cuentan con los permisos correspondientes.
El incremento de estas empresas, que en algunos casos ofrecen garrafones a precios muy bajos —entre 15 y 20 pesos—, ha encendido las alertas.
La diputada Victoria Gutiérrez Pérez advirtió que esta expansión descontrolada puede tener consecuencias para la salud pública si no se revisa que cada establecimiento cumpla con las normativas establecidas por la Secretaría de Salud.
Es ahí donde entran en juego estas nuevas purificadoras que ofrecen precios competitivos, pero cuya calidad no siempre está garantizada.
Lo preocupante no es que haya más opciones, sino que algunas podrían no estar registradas ni seguir un proceso de purificación confiable. El riesgo es para todos, pero en especial para niños y adultos mayores.
"No todas las familias pueden pagar ese precio por un garrafón de agua y optan por comprar a otras purificadoras a precio más económico, 15 o 20 pesos el garrafón, pero la población debe tomar precauciones y verificar que tengan el aval o la supervisión sanitaria, y cumplan el proceso para purificar el líquido.
Además de la falta de supervisión en algunos casos, se suman otros factores: las prolongadas sequías y la creciente contaminación de ríos, lagos y otros cuerpos de agua han hecho que las fuentes tradicionales de abastecimiento dejen de ser viables en varias zonas.
Ante ese panorama, la demanda por agua potable aumenta y con ella el crecimiento apresurado de estas microempresas.
De acuerdo con las disposiciones federales, toda empresa dedicada a la purificación de agua debe contar con un certificado emitido por la Secretaría de Salud, además de cumplir con las normas de higiene, procesos físicos y químicos adecuados, instalaciones en condiciones óptimas y personal capacitado.
El problema, sin embargo, radica en que en algunos municipios la verificación no alcanza a todos los establecimientos que operan, especialmente en zonas rurales o con alta demanda.
La diputada Gutiérrez Pérez llamó a las autoridades estatales a intensificar las inspecciones para garantizar que ninguna empresa trabaje fuera del marco legal y sanitario.
También exhortó a la población a preguntar directamente por los certificados de salubridad antes de adquirir un garrafón, sin importar lo accesible que resulte el precio.
La legisladora concluyó que el acceso al agua purificada y segura no debe ser un privilegio económico, sino un derecho garantizado por el Estado. Pero para ello, dijo, es necesario que exista una política de control, regulación y vigilancia eficiente, que ponga en el centro la salud de la población.