Desde el 2023 se ha vuelto común que jueces y magistrados del Poder Judicial Federal que han intervenido en casos relevantes para Veracruz sean objeto de críticas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Estas autoridades han sido señaladas en diversas ocasiones durante las conferencias matutinas del presidente, conocidas como "mañaneras", donde se les ha acusado de favorecer a sujetos vinculados con la delincuencia organizada y a exfuncionarios de los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, relacionados con diversos delitos.
Recientemente algunas de estas autoridades judiciales han expresado su rechazo al llamado "Plan C", una iniciativa del gobierno federal que busca reformar el sistema judicial y permitir la elección de jueces, magistrados y ministros por el voto popular.
En julio de 2024, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Luis Rodríguez Bucio, informó que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, había obtenido una suspensión provisional que lo protegía de nuevas órdenes de aprehensión.
La resolución fue emitida por los magistrados Michele Franco González, Juan Carlos Ramírez Benítez y José Manuel Torres Ángel, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
Según el fallo, "el quejoso no podrá ser privado de su libertad, con independencia de que el delito por el que se dictó la orden sea o no de los que ameritan prisión preventiva oficiosa".
Esta decisión ha generó controversia, ya que Duarte, detenido en 2017 y sentenciado en 2019 a nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, sigue enfrentando procesos por desaparición forzada, pero la suspensión obtenida lo protege incluso ante la posible imposición de medidas cautelares.
Otro caso que ha despertado críticas involucra a la jueza federal Natividad Regina Martínez Ramírez, quien en marzo de 2024 fue acusada por Rodríguez Bucio de liberar a Antonio "N", presunto responsable del asesinato de la periodista María Elena Ferral.
La jueza Martínez Ramírez falló a favor del imputado en el amparo directo 43/2023, argumentando que no había suficientes indicios de su participación en el crimen. El subsecretario destacó que "esta determinación fue confirmada de manera unánime por los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito el pasado 11 de enero de 2024".
En noviembre de 2023, Gabriel "N", exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y subsecretario de Finanzas y Administración, obtuvo un amparo que le permitió continuar su proceso en prisión domiciliaria.
Este amparo fue otorgado por la jueza Zarahí Escobar Acosta, quien ordenó al juez de control reconsiderar la medida cautelar de prisión preventiva. Aunque Gabriel "N" fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito, el proceso judicial no ha concluido debido a un recurso de apelación pendiente, según indicó Rodríguez Bucio.
El exsecretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio "N", también ha sido beneficiado por decisiones judiciales. En septiembre de 2023, el juez Fermín Santiago y los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ricardo Reyes González,
Rafael Ojeda y Martín Soto Ortiz, confirmaron un amparo que anuló su vinculación a proceso por peculado equiparado y ejecución indebida del servicio público. Rodríguez Bucio señaló que "el juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio 'N' fueron arbitrarias o sin fundamento legal".
En el mismo mes de septiembre de 2023, el subsecretario reveló que el juez Andrés Rossel Martínez, del Juzgado Decimoséptimo de Distrito, intentó liberar al exfiscal general de Veracruz, Jorge "N".
El juez concedió una suspensión provisional para cesar la prisión preventiva oficiosa, argumentando que esta medida era contraria a tratados internacionales. Sin embargo, el juez de control encargado del proceso penal impuso prisión preventiva justificada, lo que impidió la liberación del exfiscal, según informó Rodríguez Bucio.
En respuesta a estas acciones y a la presión gubernamental, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal han expresado su inconformidad, especialmente ante el "Plan C".
Jesús Arturo Cuellar Díaz, titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Xalapa, criticó que se cuestione a los jueces cuando sus fallos no coinciden con los intereses del gobierno.
En entrevista reciente el juez Cuellar Díaz defendió la independencia del Poder Judicial, señalando que los recursos legales existentes han demostrado que los ciudadanos afectados por decisiones judiciales tienen razón.
Además, cuestionó el uso de plataformas públicas para desprestigiar al Poder Judicial sin pruebas, afirmando: "Es muy fácil pararse frente a una audiencia masiva y convencer a la gente de que somos corruptos, que somos lo peor".