La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone modificar las reglas de designación de magistrados y jueces del Poder Judicial del Estado.
Esta reforma contempla un proceso electoral extraordinario en 2025 para renovar parcialmente las magistraturas y juzgados de primera instancia.
Además, fija criterios de idoneidad profesional para los aspirantes, conforme al artículo 18, que indica que magistrados y jueces deben cumplir requisitos estrictos de formación y experiencia.
El artículo 58 detalla que los candidatos deben ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, con residencia efectiva en Veracruz, y poseer un título de licenciatura en Derecho con un promedio mínimo de 8 en calificaciones generales y 9 en áreas afines al cargo.
El artículo 33 otorga al Congreso estatal la responsabilidad de emitir convocatorias para elecciones judiciales, aprobar postulaciones y resolver sobre licencias y renuncias de magistrados y jueces.
Asimismo, se establece la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, conforme al artículo 62, que supervisará el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, con facultades para imponer sanciones como suspensiones, destituciones e inhabilitaciones.
En 2025, se llevará a cabo un proceso electoral extraordinario para renovar parcialmente las magistraturas y juzgados.
El Congreso emitirá la convocatoria correspondiente y definirá los cargos a renovar priorizando vacantes, retiros programados y postulaciones voluntarias. Las elecciones serán organizadas por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) bajo los principios de legalidad, imparcialidad y paridad de género. Las boletas incluirán los nombres de los candidatos junto con sus especializaciones por materia.
Mientras se implementan los cambios, el Consejo de la Judicatura continuará con sus funciones administrativas y disciplinarias. Este órgano será reemplazado en 2025 por el Tribunal de Disciplina Judicial y un nuevo órgano de administración judicial, que gestionará el presupuesto del Poder Judicial de manera autónoma, asegurando recursos para la impartición de justicia.
Los magistrados y jueces electos en el proceso extraordinario tendrán diferentes periodos de duración en el cargo. Las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial durarán dos y cinco años, mientras que las juzgadoras de primera instancia se desempeñarán por ocho años.
Se implementarán comités de evaluación para seleccionar a los mejores perfiles, garantizando la paridad de género y ajustando las postulaciones mediante insaculación pública.
La iniciativa, turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, podría discutirse el lunes próximo. De ser aprobada, las disposiciones entrarán en vigor con la publicación en la Gaceta Oficial del Estado y darán inicio al proceso electoral extraordinario.