Tensión en Córdoba: sindicalizados retienen a alcalde y ediles para exigir pago

Una jornada de tensión se vivió en el ayuntamiento de Córdoba luego de que trabajadores sindicalizados de la CROC retuvieran por más de cuatro horas al alcalde y varios ediles en el salón de cabildo. 

La protesta inició por el incumplimiento en el pago de la última quincena de diciembre y el bono navideño, pero escaló con la exigencia de destituir a la tesorera Rosa María Velazco Ramírez, acusada de trato déspota y falta de sensibilidad hacia los trabajadores.

El conflicto alcanzó su punto crítico cuando los empleados bloquearon las Avenidas 1 y 3, paralizando el tráfico en el centro de la ciudad. 

Poco después, el ayuntamiento liberó los recursos para los 430 empleados sindicalizados, aunque los trabajadores de confianza aún no reciben su pago. 

"Estamos cansados de ser ignorados. Exigimos respeto y cumplimiento conforme al Contrato Colectivo de Trabajo", expresó Javier Ramos Bossiere, dirigente sindical.

El problema se originó porque los pagos debían efectuarse el 29 de diciembre, pero nunca llegaron. 

• Ante la falta de respuesta, los trabajadores irrumpieron en una sesión ordinaria de Cabildo, cerrando las puertas del recinto e impidiendo la salida de los funcionarios. Entre los retenidos estuvieron los regidores Daniel Vázquez Hernández, Isamar Balderas, María Luisa Martínez, Jonathan Rosas Blanco, Olga Luz López y María del Carmen Aguilar, así como la propia tesorera Rosa María Velazco Ramírez.

Ésta intentó explicar la tardanza indicando que la Sefiplan no había realizado los depósitos correspondientes; sin embargo el personal retiró acusando falta de previsión. 

La tesorera aseguró que los pagos se realizarían el 30 de diciembre por la tarde. Sin embargo, el descontento generalizado de los empleados derivó en una demanda unánime de su destitución. 

"Nos trata como si no valiera nuestro trabajo, y eso es inaceptable", afirmó Ramos Bossiere.

La situación dejó entrever tensiones internas en la administración municipal y la necesidad de resolver los conflictos laborales de forma expedita para evitar mayores afectaciones a los ciudadanos.