Tras exhibir matrimonio infantil en Guerrero ¿podrían los padres de los menores ir a la cárcel?

Una boda entre dos adolescentes celebrada en San Pedro Cuitlapa, Guerrero, volvió a encender el debate nacional sobre el matrimonio infantil. El evento, ocurrido el 5 de mayo en el municipio de Tlacoachistlahuaca, fue compartido en redes sociales por el fotógrafo Willy Paz y otros usuarios. En las imágenes, se observa a los menores vestidos de gala y recibiendo dinero por parte de los invitados, como parte de las costumbres locales.

Willy Paz defendió la publicación asegurando que la boda no fue forzada y que los novios tienen entre 16 y 17 años, no 12 como se había difundido. Ante la viralización, pidió eliminar las fotos por respeto a la privacidad de los involucrados.

Este no es un caso aislado. Apenas en febrero, otro matrimonio entre adolescentes fue registrado en la comunidad de Huamuchitos, Acapulco. Ambos eventos han puesto el foco nuevamente sobre una práctica profundamente arraigada en comunidades indígenas y afromexicanas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero.

¿Qué dice la ley en Guerrero sobre el matrimonio infantil?

Desde 2022, Guerrero armonizó su legislación con la federal, estableciendo que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, eliminando cualquier excepción por consentimiento de padres o tutores. Además, en abril pasado se endurecieron las penas:

De 5 a 15 años de prisión para quienes obliguen a menores a unirse en relaciones equivalentes al matrimonio.

De 3 a 10 años de prisión para quienes gestionen, promuevan o se beneficien de estas uniones.

Multas económicas que van de 150 a 750 veces el valor diario de la UMA.

Es decir, los padres o familiares que organicen, induzcan o se beneficien de una boda infantil podrían enfrentar sanciones penales, incluso si no hay un matrimonio legal de por medio.

Tras exhibir matrimonio infantil en Guerrero ¿podrían los padres de los menores ir a la cárcel?

"No fue un acto legal", aclaran autoridades

El titular del Registro Civil en Guerrero, Roberto Barreto Bohórquez, aseguró que la ceremonia en San Pedro Cuitlapa no tuvo validez legal. Señaló que no se trató de un matrimonio civil, sino de una fiesta organizada por las familias, sin la presencia de ningún funcionario oficial.

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Barreto explicó que, tras las reformas impulsadas por la gobernadora Evelyn Salgado, está prohibido casar menores de edad, y todos los oficiales del Registro Civil han sido instruidos para no validar estas uniones, sin excepción.

Una práctica arraigada en contextos de pobreza

Organismos como el Centro Tlachinollan han documentado más de 50 casos de matrimonios forzados o infantiles en la región. Estas uniones suelen estar relacionadas con la pobreza extrema y las costumbres tradicionales, donde aún se practica el dote o el intercambio de niñas por dinero.

Aunque las leyes son claras, la falta de presencia institucional, la impunidad y el respeto acrítico a los "usos y costumbres" continúan siendo barreras para erradicar esta grave violación a los derechos de la infancia.