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El gobierno de Estados Unidos ha lanzado un nuevo programa destinado a incentivar la salida voluntaria de personas migrantes en situación irregular mediante una compensación económica y asistencia logística.
La iniciativa, anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), promete mil dólares para quienes decidan autodeportarse utilizando la aplicación oficial CBP Home.
La política surge en un contexto en el que la administración de Donald Trump no ha logrado cumplir sus metas diarias de deportación, fijadas en mil 200 expulsiones, y tras enfrentarse a múltiples frenos judiciales a sus decretos migratorios.
De ahí que la autodeportación con apoyo financiero haya sido presentada como una "oportunidad histórica" para facilitar salidas voluntarias.
¿Cómo funciona la autodeportación con ayuda estatal? El plan está dirigido a personas que ingresaron al país sin autorización legal. Si optan por iniciar el proceso a través de CBP Home y demuestran avances en su salida, dejarán de ser prioridad para ser detenidos o deportados por la fuerza.
El fondo de mil dólares se entregará únicamente al confirmar su regreso a su país de origen.
Las autoridades afirman que este nuevo modelo podría reducir hasta en un 70 % los costos asociados a una deportación tradicional, que actualmente ascienden a más de 17 mil dólares por persona.
Sí. El primer caso registrado fue el de un ciudadano hondureño que, con apoyo del programa, obtuvo un boleto aéreo desde Chicago hasta su país. Según el DHS, el uso de CBP Home podría extenderse rápidamente a otros casos similares.
El gobierno de Trump ha reforzado su discurso al vincular la migración irregular con organizaciones criminales. Según cifras oficiales, más de 168 mil personas han sido detenidas en lo que va del año, incluyendo más de 600 presuntos miembros de la banda Tren de Aragua, declarada "organización terrorista" por EE. UU.
Washington ha deportado cerca de 300 supuestos integrantes de pandillas como Tren de Aragua o MS-13 al centro de detención CECOT en El Salvador, tras acordar un pago de seis millones de dólares a ese país.
Organismos civiles han cuestionado la medida, alertando que algunas deportaciones se han realizado sin debido proceso y basadas únicamente en la apariencia física de los detenidos, como tatuajes visibles.