En el Día Internacional de la Lengua Materna, Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI); así como la Secretaria de Gobernación, Luisa Maria Alcalde Luján; detallaron el contenido y los alcances de la iniciativa de reforma a la Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Adelfo Regino Montes mencionó que se debe reconocer a México como una nación pluricultural y multiétnica, donde existen 70 pueblos indígenas, y el pueblo afromexicano, con 68 lenguas indígenas y 364 variantes.
Como segundo punto el titular del INPI, destacó que la iniciativa presidencial, contempla el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica, y patrimonio propio, en el artículo 2° de la Constitución.
Abundó que es importante la creación de un apartado “D” en su contenido, el cual busca:
“Reconocer y garantizar los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, a la participación, toma de decisiones, a la educación, la salud, la propiedad, y posesión de la tierra y demás derechos humanos”.
Adelfo Regino Montes refirió que de ser aprobado el cambio constitucional, traerá aparejados la protección de sus formas de organización, que reciban recursos para la construcción de caminos artesanales, así como el acceso a educación en sus lenguas, además de la celebración de consultas ante actos administrativos, y legislativos, que “sean susceptibles de afectarles”.
Por su parte Luisa María Alcalde Luján, manifestó que la nueva legislación contempla también el respeto y preservación del Patrimonio cultural, las lenguas indígenas y propiedad intelectual colectiva.
Ambos funcionarios calificaron ésta
iniciativa del presidente López Obrador como “acto de humanidad”, remarcaron que también se incluye la participación en la construcción de modelos educativos, respeto a su habitad, bioculturalidad, integridad de sus tierras, lugares sagrados, así como la garantía de que cada comunidad tenga el derecho a subdesarrollo integral.
Para ésta reforma
se desarrollaron 17 planes de justicia para pueblos originarios, y se contempla una ley para garantizar acciones ante los cambios generados, al brindar certeza jurídica y continuidad a los mismos.