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La Ley del ISSSTE 2007 marcó un cambio radical en el sistema de pensiones para los trabajadores del Estado mexicano. Aprobada durante la administración de Felipe Calderón, esta reforma reemplazó el antiguo modelo solidario por un sistema de cuentas individuales, gestionado por Afore instituciones financieras privadas encargadas de administrar los ahorros para el retiro.
Bajo el sistema anterior, los trabajadores se jubilaban con una pensión basada en su último salario y los años de servicio. Sin embargo, la nueva legislación condicionó el monto de las pensiones al ahorro acumulado durante la vida laboral, sujetando el futuro de miles de empleados públicos a los vaivenes del mercado financiero.
La reforma no solo alteró la estructura del sistema, sino que trajo consigo cambios que muchos trabajadores consideran regresivos:
Durante mayo de 2025, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizó en diversas partes del país exigiendo la abrogación total de esta ley.
Los maestros argumentan que el modelo de cuentas individuales no garantiza una pensión digna, penaliza a quienes comenzaron a trabajar jóvenes y favorece a empresas privadas a costa del bienestar de los empleados del Estado.
Las protestas han incluido marchas, bloqueos y paros, y la exigencia principal sigue siendo clara: el regreso al modelo solidario, que garantizaba pensiones vitalicias basadas en el salario y la antigüedad.
El debate se mantiene abierto. Mientras el gobierno plantea ajustes al sistema, la CNTE insiste en que solo la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 puede restituir los derechos perdidos. La discusión no es técnica, es profundamente social y laboral.