El estado de Veracruz enfrenta una ola de extorsión en sus principales ciudades, que afecta a comerciantes y empresarios, y fortalece las finanzas del crimen organizado. El Gobierno estal ha parecido carecer de voluntad para combatir el delito.
El cobro de piso, una de las formas más comunes de extorsión, ha escalado en municipios como Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos, y la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río.
En Veracruz el delito se disparó en la administración de Cuitláhuac García, quien al más puro estilo de Javier Duarte no cesa de elogiar sus resultados y autoproclamarse el mejor gobernador en la historia del estado.
A pesar de que en 2023 se denunciaron 73.4 casos de extorsión al mes en promedio, esta cifra aumentó a 79.6 denuncias mensuales hasta septiembre de 2024, lo que refleja un crecimiento del 5% en tan solo un año.
Sin embargo, el SESNSP alerta que el 95% de las víctimas no presentan denuncias debido al temor a represalias, lo que pone en evidencia una cifra negra alarmante que impide conocer la magnitud real del problema.
La extorsión en Veracruz se ha convertido en un fenómeno cotidiano. Durante los primeros nueve meses de 2024, se denunciaron 2.6 extorsiones diarias en promedio, consolidando a la entidad como una de las más afectadas del país, ocupando el tercer lugar nacional después del Estado de México y Guanajuato.
El impacto económico y social de este delito es devastador. Negocios cerrados, familias desplazadas y comunidades enteras sometidas al control del crimen organizado son algunos de los efectos visibles de un problema que parece no tener solución inmediata.