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La Ciudad de México enfrenta una realidad visible en sus calles y en los registros delictivos, pero que aún no tiene nombre dentro de su Código Penal: el sicariato.
El reconocimiento legal del sicariato como un delito autónomo busca ser más que una definición: facilitar herramientas para su investigación, persecución y sanción, desarticulando las estructuras que lo sostienen.
La omisión en nombrarlo ha sido funcional al crimen organizado. Si no se tipifica, no se investiga; si no se investiga, no se desmantela. Y si no se desmantela, se persiste sumando víctimas sin saber cómo frenar el ciclo.
También existe un componente político: evitar nombrar el sicariato responde muchas veces a una necesidad de proteger la imagen gubernamental. Reconocerlo sería aceptar que muchas calles están siendo controladas por una violencia mucho más organizada de lo que se quiere admitir.
La diputada local del PAN, Olivia Garza, impulsa una iniciativa que busca cambiar eso. Su propuesta pretende modificar el artículo 138 del Código Penal capitalino, añadiendo una fracción que reconozca como homicidio calificado aquel que sea ejecutado por un sicario profesional.
Nombrar lo que existe es el primer paso para enfrentarlo, aseguró Garza al presentar la iniciativa. Para la legisladora, el principal problema no es solo la impunidad, sino la invisibilización:
En su intervención, Garza puntualizó que los sicarios no son simples individuos que aceptan matar por dinero. Se trata de sujetos entrenados, dedicados exclusivamente a esta actividad, y vinculados directamente con redes de crimen organizado. La iniciativa pone el foco en el carácter sistemático de este delito y en su profesionalización.
Se habla de ejecutores con preparación militar o paramilitar, que operan con armamento sofisticado, rutas planeadas y respaldo logístico del crimen organizado. Este no es un fenómeno marginal ni espontáneo; es estructural y organizado, denunció.
El eje de la propuesta gira en torno a cerrar un vacío jurídico. Para la diputada panista, la falta de una figura penal específica impide perseguir de forma efectiva estas prácticas.
Actualmente, los crímenes cometidos por asesinos a sueldo suelen clasificarse como "homicidio calificado", sin considerar el componente de estructura, encargo y profesionalización.
"Por eso es necesario reconocer el sicariato como una actividad ilegal que se lleva a cabo en la Ciudad de México, investigarlo y perseguirlo. Los sicarios no se sienten aludidos porque las autoridades capitalinas los consideran casos aislados. En el sicariato existe un agente más: el crimen organizado, ese que proporciona armas sin rastro, que planea, que proporciona vehículos robados, que traza rutas de escape, que consigue información íntima de las víctimas, que tiene a los mejores gatilleros dedicados solo para matar".
En su propuesta, se destaca que visibilizar esta figura no implica solo reconocer al autor material del asesinato, sino también dejar en evidencia la cadena de actores que operan detrás del gatillo.
Aunque la iniciativa se presenta en el ámbito de la Ciudad de México, se espera que el debate escale a nivel federal. Su argumento central es que no se puede combatir lo que no se reconoce, ni desarticular lo que se disfraza.
El sicariato no crece en la sombra: crece a plena vista, en espacios públicos, con una eficacia que solo la estructura criminal puede sostener. Y mientras no se le dé nombre ni peso legal, seguirá siendo un enemigo sin rostro.