En las regiones rurales e indígenas sigue siendo doblemente vulnerado el derecho de las mujeres para acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE), expuso Metzeri Ávila San Martín, integrantes de Marea Verde Totonacapan.
Pareciera que sigue siendo un privilegio de clase, el acceso a los derechos de las mujeres como es la interrupción legal del embarazo, pues es muy complicado para las mujeres indígenas que no hablan español, a quienes no se les informa en su lengua originaria, de sus derechos y cómo acceder para el ejercicio de éstos.
De ahí que la exigencia es que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso de todas las mujeres, incluyendo las indígenas, a sus derechos.
En las zonas indígenas es prioridad que la información de los derechos de las mujeres se difunda en lengua originaria y a través de la radio y megáfonos, pues otra realidad es que la mayoría de las mujeres no saben leer.
Esto como parte de ese rezago en el ejercicio de derechos, apuntó Mayra Ledezma Arronte, en el foro "Avances y retos a 2 años de la despenalización del aborto en Veracruz".
Y es que es real que a las mujeres que están en las zonas rurales, indígenas y afrodescendientes, no les llega la información.
"Real es que en Veracruz es ley el aborto, pero también es real que las veracruzanas sin capacidad digital no saben de esto, y menos si viven en la Huasteca veracruzana, en la zona del Totonacapan, de las Altas Montañas.
"Y cuando la información no se tiene en las propias lenguas porque también esa es una realidad; as mujeres llegan a solicitar estos servicios -de salud e interrupción legal del embarazo- cuando tienen acceso a un dispositivo -digital-, pero qué pasa con todas esas mujeres que ni siquiera hablan el español".
Las acompañantes, mujeres defensoras de derechos humanos desde la sociedad civil organizada, se enfrentan al obstáculo de la lengua para poder difundir la información en las zonas indígenas.
Por lo que es preciso que las autoridades gubernamentales difundan los derechos de las mujeres en las lenguas originarias y, sobre todo, garanticen las condiciones para el acceso a estos derechos, acentuó Metzeri Ávila San Martín.