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El espaldarazo que la presidenta Claudia Sheinbaum le acaba de dar a Cuitláhuac García para blindar al exmandatario veracruzano luego de que la gobernadora Rocío Nahle abrió la cloaca de la administración estatal anterior en la Secretaría de Salud, no salió espontáneamente de palacio nacional sino presuntamente a petición de un personaje que se supone habita un rancho en Palenque, Chiapas.
Este manto protector obviamente ha entusiasmado al grupo del exgobernador, no obstante que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) les hizo observaciones en la cuenta pública de 2023 sobre un presunto daño patrimonial por 1,600 millones de pesos. Y todavía falta el reporte del máximo órgano auditor sobre el último año de la desastrosa administración cuitlahuista.
Por eso, a sus detractores, ha llamado la atención el interés de varios miembros de ese grupo político en participar en las elecciones del Poder Judicial de la Federación y en el del estado.
Les sorprende, en particular, el derroche que viene haciendo Denisse Uribe, quien contiende por una de las cinco magistraturas del recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, de las cuales tres serán para mujeres y dos para candidatos del género masculino.
Uribe Obregón es una expriista que en octubre de 2019 fue propuesta por el entonces gobernador Cuitláhuac García ante el Congreso local como magistrada del Poder Judicial del Estado, integrándose posteriormente a la asociación política Unidos Todos, constituida y liderada por el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, primo de García Jiménez que controlaba todas las áreas administrativas del Poder Ejecutivo y también la del Tribunal Superior de Justicia.
De ahí que sus malquerientes presuman que quien financia la campaña de la magistrada Uribe es el pariente de García Jiménez, quien en 2024 consiguió ser encartado como candidato de Morena a la diputación federal plurinominal, por lo que tendrá fuero legislativo hasta finales de agosto de 2027, por si acaso fuera requerido para aclarar el millonario daño patrimonial observado por la ASF a la administración estatal encabezada por su primo.
De ganar la elección judicial Denisse Uribe, el exsubsecretario cuitlahuista y su grupo de exfuncionarios tendrán una relevante aliada en el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación, pues entre sus funciones estarán las de investigar y sancionar falta graves cometidas por jueces y magistrados, con el pretexto de asegurar que éstos actúen "con ética y profesionalismo"; recibir denuncias de cualquier persona o autoridad en contra de trabajadores del Poder Judicial y llevar a cabo investigaciones; emitir resoluciones sobre procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales, y dar vista al Ministerio Público federal en caso de posibles delitos y solicitar el inicio de juicios políticos.
El argumento para crear este Tribunal de Disciplina es que estas funciones son esenciales para mantener la integridad y la confianza en el sistema judicial. Pero según el libro intitulado "La tormenta judicial (alcance e implicaciones de la reforma judicial en México)", que se publica en inglés y español y cuya edición fue coordinada por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes, avizora que dicho tribunal, con sus poderosas y draconianas facultades, confirman el talante autoritario que se les viene encima a todos los juzgadores que no se alineen con el régimen corrupto de la 4T.