A 26 días del proceso electoral judicial en México, la ciudadanía continua en el desconocimiento

A escasas cuatro semanas de uno del proceso electoral judicial en México, persiste un preocupante desconocimiento entre la ciudadanía sobre los pormenores, significado e impacto que reviste este proceso. Este fenómeno, inédito en muchos sentidos, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de fortalecer la cultura democrática y jurídica en México, específicamente en lo relativo a la integración y el funcionamiento de las más altas autoridades judiciales con la sociedad civil en general-

El proceso electoral judicial constituye el mecanismo a través del cual se seleccionarán o en todo caso se ratificarán a algunas autoridades dentro del Poder Judicial de la Federación, en particular magistrados electorales y, en ciertas situaciones, integrantes del Consejo de la Judicatura. Estas autoridades juegan un papel clave en la salvaguarda del Estado de derecho, la imparcialidad de los tribunales y la legitimidad de las elecciones generales en el país.

En un Estado democrático, las autoridades judiciales deben gozar no solo de independencia y profesionalismo, sino también de legitimidad frente a la sociedad. La transparencia en los procesos de selección y ratificación contribuye a consolidar la confianza pública y a garantizar la imparcialidad de las decisiones judiciales, muy especialmente en contextos electorales.

La ignorancia generalizada respecto a este proceso genera riesgos evidentes: desde la falta de exigencia ciudadana para la rendición de cuentas, hasta la vulnerabilidad frente a intentos de captura política de los órganos judiciales. Para que la democracia se fortalezca, es indispensable que la ciudadanía conozca y se involucre en estos mecanismos y por supuesto salir a las urnas. No hacerlo significara el fracaso de la reforma constitucional publicada el pasado 15 de septiembre.

Diversos factores explican la limitada difusión y comprensión del proceso:  como es el caso del lenguaje técnico y los formalismos institucionales que suelen dificultar la comprensión para el público general; la escasez de campañas informativas didácticas y accesibles desde los propios órganos del Estado. 

El bajo nivel de inclusión de la temática judicial en los programas de educación cívica y medios de comunicación masiva.  A 26 días del proceso electoral judicial en México, corresponde reclamar y ejercer el derecho a estar informado, exigir transparencia y demandar la apertura del proceso. Los distintos actores— desde instituciones académicas hasta organizaciones civiles y medios de comunicación— deben redoblar esfuerzos para explicar a la ciudadanía el significado, los pasos y las consecuencias de esta etapa crucial para la vida democrática del país.

Solo mediante una ciudadanía informada será posible consolidar un poder judicial independiente, eficiente y legítimo, una condición indispensable para el fortalecimiento de la democracia constitucional en México. Lo contrario será un proceso de simulación donde solo se buscó legitimar la imposición de funcionarios afines al poder disfrazándolo de democracia mediante el derroche de dinero público y sin partición ciudadana.