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La revolución tecnológica ha crecido a una velocidad que nos sobrepasa y nos pone en evidencia, dejando a la luz nuestra falta de experiencia y carencia de medidas básicas de protección para un futuro que ya es presente. Y aunque las redes sociales nos permiten conectarnos e interactuar con lo que más nos guste, no hay que olvidar que sigue siendo parte del mundo digital, donde todos los interesados pueden utilizarlo ya sea con buenas o malas intenciones, así que cualquiera con un perfil puede acabar expuesto a los peligros latentes por los intereses de los grupos de poder económico que conducen a la población al consumo desmedido de bienes y servicios, así como las noticias falsas que abundan con fines políticos, así como la desinformación consecuencia de la sobreinformación que se padece hoy en día.
Recientemente, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, emitió mensajes sobre los peligros, para ellos, de la migración ilegal calificándola de delictiva y criminal. Kristi Noem, su titular, amenazando al posible migrante: "Si estas considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses...", con ello se acompañó de una derrama en cientos de millones de dólares, "invertidos" en medios de distintos países y en los cuales sus voceros comprados, sus robots alquilados, y los influencers incrustados a sus intereses. Los medios mexicanos, principalmente radio y televisión dieron entrada a los spots financiados desde la Casa Blanca como muestra cínica y descarada de intervención en los espacios digitales concesionados por el estado Mexicano a particulares, principalmente la familia Azcárraga,(Televisa y Radio Fórmula), Salinas Pliego, (TV Azteca) y sus empresas agiotistas, así como todos los sicarios periodísticos, analistas, conductores y reporteros que no despreciaron la derrama financiera venida de Estados Unidos en contra de la libertad de información nacional. Lo que provocó una respuesta inmediata del gobierno de Claudia Sheinbaum para emitir una nueva ley de telecomunicaciones que impidiera el abuso, e impedir se inmiscuyan intereses ajenos a los de nuestra nación.
Las redes sociales, a pesar de facilitar la comunicación y el intercambio de información, también están sujetas a los intereses del capital, principalmente a través de la publicidad y la monetización de datos. Los algoritmos, diseñados para maximizar la interacción, pueden generar burbujas de filtro que limitan la diversidad de opiniones y la formación crítica.
Además, la recopilación y venta de datos personales plantea preocupaciones éticas sobre la privacidad y el uso de información para fines comerciales, de represión o de manipulación. Lo que verdaderamente molesta a quienes se oponen a la iniciativa presidencial de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión es que se regule esa actividad como servicio público, se garantice que el Estado lleve Internet de banda ancha a las regiones más pobres y marginadas mediante un programa de cobertura social y se rescaten los derechos de las audiencias frente al poder de los concesionarios.
De ahí al unísono mentaron protesta, emitieron acalorado desacuerdo con la reforma en discusión en el Senado, el dirigente del PAN, Jorge Romero, obviando su participación directa en el cartel inmobiliario, Lilly Téllez en su desenfrenada, pero bien recompensada, protesta camaral, el excandidato presidencial, Ricardo Anaya, protegido con el fuero plurinominal, contra las denuncias penales que le rodean, por abuso de poder, robo al erario público y todos sus etcéteras posibles, Ricardo Salinas Pliego en defensa de la libertad de expresión que pisotea con demasiada frecuencia en su televisora concesionada, evadiendo sus responsabilidades fiscales gracias a una Corte sumisa y apalabrada con sus jueces cargados de amparos ante el SAT, y por obviedad López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Conrado Zuckerman, Loret de Mola y otros tantos de Reforma, Universal, Financiero y de las revistas Proceso y Siempre. Una campaña racista y clasista que fue comprada y difundida por canales nacionales en horario estelar. Caso Televisa: Televisaleaks, Metrics y Palomar en el escándalo político-mediático destapado en Carmen Aristegui, que deben checarse en Youtube. Llamarla "Ley censura" es su forma de victimizarse, para evadir su responsabilidad y deslegitimar una medida de soberanía justa y necesaria.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) criticó la difusión de contenidos sensacionalistas, de odio y que generan desinformación en redes sociales que ocasionan tensiones e inestabilidad social y política en los países. Durante el foro se destacó la importancia de ejercer un periodismo que combata las noticias falsas (fake news), dado que los algoritmos en redes promueven contenidos falsos, por lo que se requiere de medios de comunicación profesionales para combatir su difusión.
Requerimos líderes en los medios, convencionales y redes sociales, que se vuelvan parte de las soluciones para el desarrollo global, ya que vivimos en un mundo donde las nuevas tecnologías generan tensiones globales, por lo que estos retos deben tener la misión de impulsar su manejo de forma crítica y de beneficio colectivo. Ante esa nueva realidad y la ola actual de nuevas tecnologías, debe mantenerse la convicción de alcanzar un manejo equitativo de la información de calidad. Por ello debe regular la modificación a la Ley de Telecomunicaciones y eso no es censura, es protección de la soberanía de la nación y protección a los ciudadanos cada vez más expuestos a las nuevas tecnologías. El artículo 6º de la Constitución que las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad.
Grandes beneficios para los mexicanos con la entrada en vigor de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión: Asegura la inclusión digital universal de Internet, mayor competencia, mejor calidad, y costo en los servicios para la población. Transición a la televisión digital, eliminación del cobro de larga distancia, conexión móvil en todo el territorio nacional y portabilidad de aparato y número telefónico ante cambio de compañía, entre sus grandes beneficios.
Vivimos en una nación libre y como ciudadanos tenemos el derecho fundamental de obtener información, el acceso de toda persona para buscar, informar y ser informada. El derecho a la información es de interés público y de suma importancia, de ahí la relevancia de la Reforma a la Ley de Telecomunicaciones.